Funcionarios autonómicos: de la envidia a la incertidumbre

El colectivo, que eclipsa 1,3 millones de personas y desea decir más del 50 % del total de empleados públicos de España, afronta 2012 con la disyuntiva de tener que trabajar más horas por poco sueldo, lo que se ha traducido en frecuentes movilizaciones.

Aunque no es lo mismo trabajar en el País Vasco, de las comunidades donde poco han variado las situaciones, a en otras como Cataluña o Castilla-La Mancha, donde a la normativa estatal añaden la propia, más dura a pesar de todo.

Así se desprende de los apuntes ofrecidos por los gobiernos regionales, todos salvo Extremadura y Cantabria, que, en general, presagian una disminución en los ingresos y complementos de estos trabajadores, así mismo de sus plantillas, y un incremento del horario.

En el País Vasco, el año anterior había 41.664 trabajadores autonómicos y éste 43.006, sin contar los del Servicio Vasco de Salud ni los de las sociedades públicas.

El Gobierno vasco justifica el incremento por la incorporación del Servicio de Empleo y personal transferido desde la Administración central.

Aunque la mayoría de las autonomías no han llamado oposiciones para el año presente, Euskadi ha hecho una oferta pública de trabajo en Sanidad, para cubrir 2.600 plazas, y en Educación, 531.

Este año y el pasado no se les ha bajado el sueldo, Pese que sí en 2010, el 5 %, y en 2009 hubo congelación.

En la Generalitat de Cataluña trabajan 165.073 representantes, interinos y laborales, Pese que si se suman los de las empresas públicas y del nivel concertado se elevan a 500.000.

Entre las acciones de ahorro acordadas por el Ejecutivo de Artur Mas subraya la disminución de jornada y del sueldo, un 15 %, para los interinos, y de un 5 % en el sueldo anual de los trabajadores de la Generalitat, rebaja que podría extenderse a los dos siguientes años.

Los representantes catalanes han visto modificada su jornada y los horarios, y soportado giros de adscripción de sitios de trabajo, al mismo tiempo de la supresión de algunas ayudas, como las de la comida, y la disminución del número de días de libre resolución.

El Instituto Catalán del Suelo planteó un ERE para despedir a 203 de 496 empleados, medida que estiman se extenderá a otras empresas públicas.

Del rebaje anunciado en Andalucía de 2.500 millones de euros, más de 750 se lanzarán de rebajes salariales, un 7,5 % en el caso de los altos cargos, y la Junta se ha comprometido a que ningún empleado público perciba poco de mil euros por jornada enteramente completa.

Entre otras acciones, se ha establecido un tope máximo del 10 % para disminuir la jornada laboral y las retribuciones del personal temporal, frente al 15 inicialmente planteado.

Madrid tiene más de 180.000 trabajadores autonómicos y ha anunciado una tasa de reposición igual a la estatal, del 10 %, por lo que convocará 149 plazas de profesor, presagia 2.500 sitios en sanidad, de ofertas preliminares, y 79 de bomberos.

El año anterior, a los representantes madrileños les bajaron el sueldo un 5 % y el año presente será de entre el 1,8 % y el 3,5 %.

En Canarias hay 61.867 empleados públicos, que verán rebajados sus sueldos una media del 5 %.

Castilla-La Mancha, que tiene congelada la oferta pública para el año presente, verá disminuir los salarios de sus empleados públicos -1.648 poco que en 2011- en un 3 %, al mismo tiempo de otras reducciones en los complementos, acciones con las que la Junta ahorrará unos 100 millones de euros.

Además del incremento de horas, como en alrededor de todas las comunidades, los profesores pueden ser desplazados a cualquier otro punto de la región, y los sanitarios han visto disminuir lo que recolectan por las guardias en un 15 %.

Éstas y otras acciones optimizarán las cuentas autonómicas en 455 millones de euros, lo que estimulará la pérdida de ‘no poco de 10.000 ó 12.000 empleados públicos’ en la región, según los sindicatos.

En Aragón son unos 44.000 los empleados públicos. Este año no existira oferta pública de trabajo, Pese que se convocarán plazas pendientes de años preliminares.

Además, el Ejecutivo que preside Luisa Fernanda Rudi ha sitio en marcha un plan de reestructuración del nivel público que sí involucra la bajada de sueldo de los directivos de sus empresas.

Galicia cuenta con una plantilla de 86.377 trabajadores públicos, 1.535 poco que en 2011, que deberán afrontar una ley de acciones temporales -reducción de jornadas, descuentos en las bajas médicas o salida de beneficios sociales-, lo que supondrá una rebaja de 80 millones de euros anuales en gastos de personal.

La Comunidad Valenciana no tiene anunciado incorporar último personal, y el actual deberá asumir una serie de acciones extraordinarias que van desde la congelación salarial a reducciones del 50 % en complementos.

En Castilla y León se ha reducido la plantilla en alrededor de 800 personas desde 2010 hasta llegar a los 87.055 actuales y tampoco está prevista la oferta de trabajo, ni cubrir las jubilaciones, salvo en casos de necesidad apremiante. Así, más de 400 profesores interinos no verán renovados sus contratos para el siguiente curso.

En Navarra, cerca de 27.000 personas trabajan en el Gobierno foral y las administraciones locales, y ha habido un incremento del número de empleados públicos entre 2006 y 2011 de alrededor de el 14 %.

La reciente normativa aprobada abarca trasendentes modificaciones para el colectivo, como la supresión de la paga por variables en el mes de asuetos o la ayuda familiar para el cónyuge o pareja estable que no perciba ingresos.

Todo esto con el empeño de ahorrar unos 25 millones de euros. Los sindicatos han demandado rebajes de entre el 15 y el 25 % en la cobertura de jubilaciones en sanidad.

Los sanitarios y los docentes son, en general, los más perjudicados por los rebajes estimulados por la crisis, así mismo en Baleares, que presagia el cierre de dos hospitales en Mallorca y el incremento de la jornada laboral para lograr un ahorro en nóminas de 70 millones de euros en 2012.

La plantilla en La Rioja es de unos 10.400 trabajadores públicos, que tienen los sueldos congelados. Con ésta y otras acciones de austeridad, el Gobierno regional presagia ahorrar unos 3 millones de euros.

En Murcia los ajustes afectan fundamentalmente a las guardias de galenos y enfermeros y al personal docente, por la ampliación de horarios, en tanto que en Asturias hasta ahora no ha habido bajada de sueldos para sus 36.000 trabajadores.

Desde 1979 y hasta ahora, el Gobierno central ha hecho 1.978 traspasos de competencias a las comunidades, con un pago de 25.178 millones de euros y una transferencia de 821.357 representantes, según los recientes apuntes de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

Cifra que se ha aumentado subrayablemente con las ofertas de trabajo de cada región, hasta llegar a 1.347.835 empleados públicos en julio de 2011, el 50 % del total de representantes.

Fuente: Terra